Amnistía Internacional ha acogido hoy con satisfacción la puesta en libertad de Daw Aung San Suu Kyi, pero insta al gobierno de Myanmar a que excarcele de inmediato a todos los presos de conciencia del país.
Daw Aung San Suu Kyi, la más conocida de los presos de conciencia de Myanmar, ha pasado bajo arresto domiciliario más de 15 de los últimos 21 años. Ha sido una de las más de 2.200 personas encarceladas por motivos políticos, entre las que hay presos de conciencia, que actualmente siguen recluidas en condiciones atroces por el simple hecho de ejercer su derecho a protestar pacíficamente.
“Aunque es evidente que acogemos con satisfacción la puesta en libertad de Daw Aung San Suu Kyi, no es más que el fin de una condena injusta que se prorrogó ilegalmente, y en absoluto supone una concesión por parte de las autoridades”, ha declarado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. “Lo cierto es que las autoridades nunca debieron haberla detenido, ni a ella ni a los muchos otros presos de conciencia que hay en Myanmar, para impedirles participar en el proceso electoral”.
La laureada con el Nobel de la Paz lleva detenida desde el 30 de mayo de 2003, tras el ataque de secuaces del gobierno contra la caravana de vehículos en que viajaba por Depayin, en el que un número indeterminado de personas murieron y decenas resultaron heridas. Era la tercera vez que quedaba bajo arresto domiciliario, tras haber permanecido recluida previamente de 1989 a 1995 y de 2000 a 2002.
“Esta vez las autoridades deben garantizar la seguridad de Daw Aung San Suu Kyi”, ha manifestado Salil Shetty.
“Ya es hora de que el gobierno de Myanmar ponga fin a la continua injusticia de los encarcelamientos por motivos políticos en el país, y, por su parte, la comunidad internacional –incluidas China, India, la ASEAN y la ONU– debe actuar conjuntamente e impedir que Myanmar abuse de su sistema jurídico para castigar a los opositores pacíficos. La puesta en libertad de Daw Aung San Suu Kyi no debe hacerles olvidar a los demás presos de conciencia”.
En Myanmar, más de 2.200 personas continúan encarceladas por motivos políticos en virtud de leyes imprecisas que el gobierno utiliza a menudo para criminalizar la disidencia política pacífica. Permanecen recluidas en condiciones lamentables, con alimentación y condiciones higiénicas deficientes. Muchas de ellas están mal de salud y no reciben tratamiento el médico necesario. Un gran número fueron torturadas durante el periodo inicial de detención e interrogatorio, y continúan en peligro de ser castigadas con torturas a manos de los guardas penitenciarios. Amnistía Internacional considera que la gran mayoría de esas personas son presos de conciencia a quienes se está castigando por el simple hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación.
Muchas de las personas que siguen recluidas participaron en la Revolución Azafrán que se desencadenó por las protestas contra el brusco aumento del precio del combustible y de productos básicos. En los últimos tres años, centenares de presos políticos han sido trasladados a cárceles sumamente remotas, restringiendo así su acceso a familiares, abogados y atención médica. Los informes de tortura y otros malos tratos son habituales.
El Comité Internacional de la Cruz Roja lleva desde diciembre de 2005 sin recibir permiso para visitar las prisiones de Myanmar.
Información complementaria
En 2009, cuando solo faltaban dos semanas para el vencimiento de su orden de detención, Daw Aung San Suu Kyi fue detenida de nuevo y acusada de incumplir las condiciones de su arresto domiciliario. El 11 de agosto de 2009, tras un juicio que la comunidad internacional condenó ampliamente, fue condenada a tres años de cárcel, que posteriormente se conmutaron por 18 meses de arresto domiciliario.
Su puesta en libertad se produce pocos días después de las primeras elecciones generales en Myanmar en 20 años, celebradas con el trasfondo de la represión política. En las elecciones de 1990, la Liga Nacional para la Democracia, el partido de Daw Aung San Suu Kyi, obtuvo la mayoría de los escaños, pero los dirigentes militares de Myanmar, que llevan decenios controlando el país, les impidieron asumir el poder.
Amnistía Internacional pide también la puesta en libertad de todos los presos de conciencia incluidos:
- Min Ko Naing, de 47 años, ex dirigente estudiantil y activista en favor de la democracia que cumple una pena de 65 años de prisión por participar en las manifestaciones de 2007.
- U Gambira, de la Alianza Pan-Birmana de Monjes, condenado a 63 años por participar en las manifestaciones encabezadas por monjes en 2007.
- U Khun Htun Oo, de 67 años, presidente de la Liga de las Nacionalidades Shan por la Democracia, condenado a 93 años de cárcel por mostrarse en desacuerdo con los planes del gobierno para una nueva Constitución. Padece diabetes e hipertensión.
Visto en Amnistía Internacional.
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