Bruselas, 11 de diciembre de 2009:
En 2010, la Junta militar birmana organizará “elecciones”, aunque
la nueva Constitución, cuya aprobación organizó en 2008, no deja lugar a dudas en cuanto a la determinación de
los militares de mantenerse en el poder tras el escrutinio. El nuevo informe de la CSI revela que
los generales que ocupan actualmente el poder no tienen ninguna intención de interesarse más por la población que sus predecesores de estos últimos 47 años de dictadura militar. Sin volver a una democracia de verdad y al respeto de todos los derechos humanos, incluidos los derechos sindicales,
nuevas generaciones de niños y niñas birmanas no verán jamás los bancos de la escuela y seguirán viéndose obligados a realizar todo tipo de trabajos, incluidos los más innobles.
El nuevo informe de la CSI pone en evidencia las relaciones que existen entre las
violaciones de los derechos humanos, entre ellos los derechos sindicales, y la
catastrófica situación de los niños birmanos. Aplastando cualquier forma de oposición, la Junta birmana consagra
más del 40% del presupuesto del Estado al ejército, cuando el país no sufre ninguna amenaza exterior, y no deja más que las
migajas para sectores tan importantes como la enseñanza y la atención médica. Resultado:
menos del 55% de los niños birmanos completan sus estudios de primaria, y
cientos de miles de ellos trabajan cada día durantes largas horas, a veces bajo el régimen del
trabajo forzoso impuesto por las autoridades. El
reclutamiento a la fuerza de niños soldados por parte de
diversos grupos armados sigue siendo práctica frecuente en Birmania, a pesar de las repetidas promesas de la Junta de terminar con ello.
El informe pone en evidencia la situación sumamente difícil a la que se enfrentan los docentes birmanos, los cuales no disfrutan de ningún derecho sindical y no tienen por tanto ninguna posibilidad de negociar sus salarios – los que reciben en estos momentos no constituyen más que un pequeño porcentaje de los ingresos necesarios para mantener a una familia. Muchos docentes birmanos incitan entonces a sus alumnos a que sigan clases particulares con ellos, pero no todos los padres se las pueden permitir, sobre todo dado que la escolarización genera ya de por sí muchos gastos (material, donativos forzosos a las escuelas, etc.). Este sistema, existente a todos los niveles de la enseñanza, obliga cada año a que decenas de miles de niños dejen la escuela y entren en la explotación a través del trabajo.
Varios testimonios recopilados sobre el terreno para responder a las necesidades de este informe ilustran la angustia de los niños que crecen bajo la dictadura militar: “Trabajo 7 días a la semana, 12 horas al día, por un salario de 8,6 dólares al mes”, explica un niño de 11 años empleado en una tea-shop de Rangún. “Hay otros niños que no ganan más que 6 dólares al mes. Mi jefe me da dos comidas al día, y puedo dormir en un pequeño local, pero somos muchos a apiñarnos en ese local recalentado. Estoy constantemente cansado durante el día porque no duermo lo suficiente. Hay que servir sin parar a los clientes, limpiar las tazas, el suelo,...”
Como
la dictadura militar no tolera ninguna crítica, es sumamente peligroso abordar en Birmania temas que guarden relación con los derechos sociales, con los derechos humanos o con los derechos de los niños. La
censura de la Junta impide que los medios de comunicación birmanos puedan publicar reportajes que expongan las realidades del país. Según la
Asociación de Ayuda a los Prisioneros Políticos Birmanos, más de
2.100 prisioneros políticos se encuentran detenidos en Birmania, entre los que figuran una treintena de sindicalistas que han sido condenados a penas de entre cinco años y cadena perpetua. A pesar de esta represión, la federación sindical FTUB (
Federation of Trade Unions – Burma), afiliada a la CSI, aunque prohibida en Birmania, continúa ayudando a los trabajadores de Birmania y manteniendo escuelas en diferentes regiones del país.
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