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| La gobernante de facto de la nueva Birmania democrática, Aung San Suu Kyi, y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon |
Aung San Suu Kyi, ganadora de las históricas elecciones de noviembre y actual consejera de Estado y ministra de Exteriores, se dispone a emplear todos los recursos a su alcance para cumplir una de sus principales promesas electorales, seguramente la más ambiciosa: promover la pacificación de Birmania, donde la lucha armada de una veintena de guerrillas enfrenta a las comunidades con el Gobierno central.
Este miércoles, 1.800 delegados en representación de grupos insurgentes, Gobierno, partidos políticos, instituciones internacionales y observadores participarán en el proceso Panglong Siglo XXI en la capital, Naypyitaw, una cita que contará con la asistencia del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon y pretende iniciar conversaciones con los grupos armados de las minorías chin, kachin, karen, kayah, mon, rakáin o shan.
La reivindicación común de las minorías, 135 comunidades que representan a un tercio de la población birmana, es una mayor autonomía. El encuentro tiene fuertes reminiscencias históricas, dado que tendrá lugar casi 70 años después de que el general Aung San, héroe nacionalista birmano, ex primer ministro y padre de la Premio Nobel de la Paz, convocase en la ciudad de Panglong un proceso similar destinado a unificar al pueblo birmano tras la declaración de independencia de Gran Bretaña y a encontrar fórmulas para compartir el poder, que se materializarían en un proyecto federalista.
El asesinato de Aung San seis meses antes abortó la aplicación del plan y el país cayó, poco después, en décadas de dictadura militar. Su hija ambiciona terminar la labor que su padre nunca pudo finalizar, pasando a la Historia por la pacificación y la unificación del turbulento país, como dejó patente durante su reciente visita a China. "Sin paz, no puede haber desarrollo sostenible", dijo.
La visita de Aung San Suu Kyi a China, hace algunas semanas, fue definitiva para garantizar el éxito de la convocatoria. El presidente Xi Jinping respaldó abiertamente una iniciativa de paz en la que Pekín ha invertido mucho capital político tras décadas de instrumentalización de los grupos armados presentes en el norte de Birmania, cerca de su frontera: dos días después de la cumbre bilateral Xi-Aung, el enviado especial chino Sun Guoxiang viajó a la localidad fronteriza de Lan Chan para encontrarse con representantes del Ejército Unido del Estado Wa (UWSA, por sus siglas en inglés) y del Ejército Democrático de la Alianza Nacional (Mong La, NDAA). Se trataría de su segunda cumbre este verano con dichas facciones: Guoxiang ya participó en junio en un encuentro celebrado en el estado de Shan con los líderes de las citadas organizaciones y también con responsables del Ejército de Liberación Nacional de Ta'an, a quienes instó a participar en el proceso de paz.
La semana pasada, el Consejo Federal de Nacionalidades Unidas, que aglutina a 11 grupos armados -entre ellos la Organización para la Independencia Kachin, con 10.000 combatientes- se comprometió desde Tailandia a participar en el encuentro . También el Ejército Unido del Estado Wa, con 30.000 hombres armados, confirmó su asistencia. Sin embargo, el Ejército birmano -que controla el Ministerio de Defensa y de Interior- ha vetado la participación de tres importantes grupos, el Ejército para la Alianza Democrática Nacional de Birmania (MNDAA), el Ejército de Liberación Nacional Ta'ang (TNLA) y el Ejército de Arakan, que combaten de forma conjunta en el estado de Shan, instándoles a que se comprometan a desarmarse antes de comenzar el diálogo, una idea aceptada por las facciones pero con matices que les han llevado, finalmente, a no suscribir el compromiso.
Muchos observadores consideran que sólo un cese de fuego unilateral por parte del Gobierno facilitaría el consenso de todos los grupos y recuerdan que el Ejército ya negoció una tregua con ocho grupos que perdura hasta ahora. "Nos gustaría acudir a la conferencia, pero el Gobierno no nos ha invitado", se lamenta en declaraciones al Irrawady el teniente coronel del TNLA Tar Phone Kyaw.
El papel de China es determinante pero no implica resultados, como confirmaba la analista del Centro Henry L. Stimson Yun Sun, experta en política exterior china, en declaraciones a Frontier Myanmar. "China puede convencer a UWSA y NDAA de sumarse a la conferencia de paz, pero no puede forzarles a firmar nada que no quieran". Guoxiang ya participó en la conferencia de grupos armados no estatales celebrada el pasado julio, a la que no asistió el UWSA: a raíz de su mediación, el liderazgo del grupo accedió a entrevistarse con el NDAA y con Aung San Suu Kyi en Naypyitwa. Tanto el UWSA como el NDAA se formaron tras la disolución del Partido Comunista de Birmania, en 1989, y ambos confirmaron el alto el fuego bilateral acordado con el Gobierno de Thein Sein en 2011, pero rechazaron participar en conversaciones similares en octubre de 2015. Su participación en la Conferencia Panglong es considerada un voto de confianza para Aung San Suu Kyi.
Retos pendientes
Para las comunidades, los retos son numerosos: las disputas sobre la repartición de recursos naturales son una fuente de tensiones, dado que son varias las minorías que viven en áreas ricas en jade, oro o estaño. Por otro lado, los grupos shan se oponen a un proyecto de presa hidroeléctrica china en el río Salwin, mientras que los kachin se oponen a otra presa china, un proyecto de 3.600 millones de dólares suspendido por el Gobierno anterior.
La relatora especial de la ONU para Birmania, la surcoreana Yanguee Lee, ha incidido en un informe a la organización en que los Derechos Humanos deben ser una prioridad en el encuentro, así como la inclusión de todas las comunidades. "Discriminación, derechos de tierra, la distribución equitativa de los recursos naturales están en el corazón del conflicto en Birmania, y por lo tanto también deben estar en el centro de las discusiones y soluciones de paz", afirmó.
"Sólo abordando y dando prioridad a estos temas se puede lograr la paz duradera deseada por el pueblo birmano", añadió Lee, quien destacó el escaso número de mujeres y la marginación de las ONG en el proceso como dos de los principales escollos a superar. "Birmania tiene ahora la oportunidad de transformar el país en el estado que el pueblo birmano ha querido desde hace décadas. Pero para hacerlo, debe ser de forma totalmente inclusiva", aseguró. "Es un momento histórico, el primer ladrillo de la pavimentación de un camino muy largo. Hay muchísimo que discutir y negociar tras la Conferencia Panglong Siglo XXI".
Nadie espera resultados inmediatos. Incluso la dirigente birmana ha adelantado que se convocarán rondas de conversaciones cada seis meses para asentar un proceso que no arrojará soluciones mágicas pero que sí resulta un punto de partida básico para la paz. "Birmania ha dado un paso hacia la dirección correcta: el federalismo. Ha sido el resultado del compromiso mutuo de Gobierno y grupos étnicos armados, parte del Acuerdo de Alto el Fuego nacional del pasado octubre. La forma de federalismo que deberá adoptarse, y el proceso mismo para establecerlo, presenta una agenda para el diálogo político entre el Gobierno, los militares, los grupos armados y los partidos, y será una parte crucial de la paz y el proceso de reconciliación nacional", escribía el diario birmano The Irrawady en un artículo titulado Paz y reconciliación requieren nuevas maneras de mirar atrás.
Se estima que desde la independencia, en 1948, los combates entre comunidades étnicas se han cobrado 130.000 vidas ralentizando el desarrollo y la economía del que fuera, hace décadas, uno de los países más ricos de Asia.
Discriminación rohingya
Hay escollos que cuestionan el proceso, como la marginación en las conversaciones de la minoría rohingya, perseguida, discriminada y sometida por el Gobierno central. En ese contexto, Panglong Siglo XXI también incluirá una conferencia interreligiosa, promovida por Ban Ki-moon, a la que asistirán líderes de las principales comunidades: budistas, cristianos, musulmanes, hindúes, bahaíes y judíos. La minoría rohingya -musulmana, ferozmente discriminada desde el Gobierno central- no ha sido invitada dado que las autoridades no la consideran birmana, sino inmigración bengalí, justificando así haberle arrebatado todo derecho básico.
Algunos observadores consideran que Aung San Suu Kyi pretende, con este el proceso de paz, cumplir el objetivo máximo de su partido, en cuya fundación se estableció que "los 40 años de historia de relaciones étnicas han sido un capítulo desafortunado que ha rozado la tragedia". "El desarrollo del país ha sufrido enormemente dado que el 40% del presupuesto nacional ha sido destinado a Defensa, y por estas razones debemos buscar una solución duradera a los problemas de las minorías étnicas. Es el objetivo de la Liga (Nacional para la Democracia) asegurar el más alto nivel de autonomía en consonancia con los derechos inherentes a las minorías y al bienestar del conjunto de la nación".
Otro objetivo parece ser granjearse las simpatías internacionales y demostrar su compromiso con la paz respondiendo así a las críticas por su posición hacia la minoría rohingya, a la que niega sus derechos, antes de su viaje a Estados Unidos en septiembre. En este contexto podría inscribirse la creación de una comisión internacional para abordar la violencia en el estado de Rakhine, donde los rohingya son mayoría, que será presidido por el ex secretario general de la ONU Kofi Annan -según la prensa birmana, su elección es una forma de responder a la presión internacional- y tiene como misión elaborar recomendaciones para prevenir el conflicto y promover la reconciliación, abordando entre otros temas las cuestiones humanitarias, las garantías para aplicar derechos básicos y la promoción del desarrollo.
Amnistía Internacional ya ha revelado sus dudas sobre la eficacia de la comisión, que estará formada por tres extranjeros y seis expertos birmanos independientes. "Deberá investigar décadas de discriminación, depurar responsabilidades, recomendar indemnizaciones y liderar la reconciliación", adelanta el grupo. Se estima que 125.000 rohingya han sido forzados por el Gobierno central a vivir en guetos insalubres sin acceso a la educación o a la salud y sin derechos tan básicos como el de libre movimiento.
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