Durante los últimos meses, el Gobierno de Birmania ha tomado una serie de decisiones que sugieren que podría estar embarcado en una transición democrática tras cinco decenios de dictadura militar. Pero, ¿se trata de cambios reales? ¿Es el presidente Thein Sein un ‘Gorvachov’ birmano?
Nadie esperaba mucho del ex general Thein Sein cuando tomó posesión de su cargo en marzo tras ganar unas elecciones amañadas en noviembre. Pero, entre otras medidas, ha mantenido conversaciones con la líder de la oposición democrática, Aung San Suu Kyi, ha relajado la censura de los medios de comunicación e Internet y el Parlamento ha aprobado una enmienda a la ley de partidos que permitirá a la Liga Nacional para la Democracia (LND) registrarse legalmente y concurrir a los próximos comicios. Tras reunirse con él, la propia Aung San Suu Kyi declaró que el Presidente “desea un cambio positivo y real” y ha anunciado su intención de presentarse a unas próximas elecciones en las que se elegirá a 48 miembros del Parlamento.
Pero no todos son tan optimistas. La Alianza de Monjes Birmanos, que organizó en 2007 la llamada “revolución de azafrán”, se ha opuesto a la decisión de la LND de registrarse, al considerar que no se han producido los cambios suficientes para ello. Por su parte, Maung Zarni, profesor de la London School of Economics, se muestra muy escéptico ante las reformas, que califica de meramente “cosméticas”. En una entrevista para FP en Español aclara que “los cambios no afectan a quienes detentan el poder en última instancia, los militares, algo que ahora recoge la Constitución aprobada en 2008. El Ejército decide la política exterior del país, controla todas las instituciones del Estado y determina las operaciones militares contra las comunidades étnicamente no birmanas”.
En materia de derechos humanos, la situación ha cambiado poco, pese a que el Gobierno ha creado una Comisión cuya independencia es más que dudosa. En octubre liberó a más de 200 presos políticos, una noticia que difundieron los medios de todo el mundo, pero unos 1.800 siguen en prisión y aún no está claro si habrá más excarcelaciones. Según Anna Roberts, codirectora del influyente grupo de presión Burma Campaign UK, el número fue “decepcionantemente bajo” y la liberación no supone ninguna novedad: “Las excarcelaciones recientes son similares a otras muchas anteriores y no indican necesariamente que se vayan a producir verdaderos cambios. Por ejemplo, cuando el anterior dictador, Than Shwe, se hizo con el poder en 1992, excarceló a 427 presos políticos”.
El conflicto entre el Gobierno central, de mayoría étnica birmana, y las numerosas etnias de la periferia es un factor clave en la política del país. “Muchos miembros de la oposición democrática no creen que las últimas medidas del Gobierno representen un verdadero cambio, ya que continúa la guerra civil en los Estados Kachín, Shan y Karen, con ofensivas a gran escala del Ejército birmano, y los soldados del Gobierno siguen cometiendo violaciones de los derechos humanos generalizadas”, explica Zin Linn, director de información del Gobierno de Coalición Nacional birmano en el exilio.
Es preciso recordar que el Ejército tomó el poder en 1962 y se ha mantenido en él hasta ahora con el pretexto de asegurar la unidad nacional. Ningún Gobierno birmano ha sido capaz de solucionar el problema de las minorías desde que el general Aung San, artífice de la independencia birmana y padre de Aung San Suu Kyi, firmara en 1947, pocos meses antes de morir asesinado, el “Acuerdo de Panglong” con los representantes de algunos grupos étnicos. Aquel acuerdo, que ningún Gobierno ha respetado, contemplaba un Estado federal con una amplia autonomía para los Estados étnicos, que se reservaban el derecho a la secesión diez años después.
Tras su liberación hace un año, Aung San Suu Kyi anunció su intención de celebrar una segunda conferencia de Panglong con los diversos grupos étnicos, pero hasta la fecha no ha conseguido convocarla. Mientras tanto, según algunas fuentes, algunos miembros del Gobierno se han reunido con líderes de las minorías étnicas y han acordado un alto el fuego “extraoficial” con insurgentes Karen, Chin y Shan, en lo que podría suponer el principio de un proceso de diálogo sumamente complejo y plagado de obstáculos.
El diálogo entre el régimen y la LND de Aung San Suu Kyi está resultando bastante menos complicado. Sin embargo, no todo el mundo considera que pueda dar algún fruto. El periodista sueco Bertil Lintner se muestra escéptico: “Ésta no es la primera vez que Aung San Suu Kyi mantiene conversaciones con miembros el Gobierno. En 1994, aún bajo arresto domiciliario, se reunió con varios miembros de la Junta, y también en 2001 y 2004. No cambió nada. Ahora están ‘hablando’ otra vez y nadie ha visto ningún resultado. Pero los generales aún abrigan la esperanza de tener acceso a las instituciones monetarias internacionales (el FMI, el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo) y esperan que la LND diga públicamente que han de levantarse las restricciones que se lo impiden”.
Un objetivo claro de los generales es que las potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, levanten las sanciones económicas. La efectividad de las mismas es objeto de acalorados debates pero lo indudable es que, ya sea por las sanciones, por la desastrosa gestión del Gobierno o por una combinación de ambos factores, Birmania es uno de los países más empobrecidos de Asia pese a contar con enormes recursos naturales. El presidente admitió por primera vez el problema en un discurso ante el Parlamento al principio de su legislatura y ha emprendido algunas reformas económicas. Sin embargo, las que ha “implantado hasta ahora no están a la altura de la retórica del Gobierno”, según el economista especializado en Birmania Sean Turnell.
El régimen ha pedido la asistencia de instituciones como el FMI, que se ha comprometido a ayudarle a renovar su política de cambio de divisas (hasta ahora había dos tipos de cambio: uno oficial fijo y otro extraoficial, de uso común, en el que la moneda nacional, el kyat, podía tener un valor hasta 200 veces menor). Según Turnell, “en el caso de que realmente quiera hacer reformas, el Gobierno podría esgrimir la autoridad intelectual de esas instituciones internacionales frente a los sectores más reaccionarios”.
Birmania ya comenzó a privatizar sectores clave hace dos años. “En aquel momento se trataba de repartir los activos más productivos entre un grupo de oligarcas, amigos de los militares, surgido en los últimos años. Aquello transformó una economía dominada por el Estado en una controlada por una reducida élite. Ahora eso supone un pequeño problema, ya que esos oligarcas, que no tienen que hacer frente a ninguna competencia, forman una poderosa clase opuesta a las reformas”, comenta Turnell.
Pero fue a finales de septiembre cuando Thein Sein hizo uno de sus anuncios más sorprendentes hasta el momento: la suspensión de las obras de construcción de la presa de Myitsone, un gigantesco proyecto hidráulico en el río Irrawaddy, la principal arteria fluvial del país, firmado en 2006 con China, que consumiría el 90% de la electricidad generada por su planta hidroeléctrica. Al proyecto se oponían el grupo étnico Kachín, en cuyo Estado se iba a construir la presa, y numerosas organizaciones civiles, que organizaron una campaña para “salvar el Irrawaddy”, con el apoyo de Aung San Suu Kyi.
Según Thein Sein, se suspendió el proyecto porque “era contrario a la voluntad del pueblo”, pero su decisión probablemente esté más relacionada con cálculos geopolíticos. Como explicaba recientemente Bertil Lintner, “el descontento dentro de las fuerzas armadas con la creciente influencia china es una razón más probable” de la suspensión del proyecto. El gigante asiático es el mayor socio comercial del régimen y su principal valedor ante la comunidad internacional desde hace dos decenios, pero muchos militares birmanos desconfían de su poderoso vecino del norte, que durante años apoyó a la insurgencia del Partido Comunista de Birmania.
Según el politólogo tailandés Pavin Chachavalpongpun, del Instituto de Estudios del Sureste Asiático de la Universidad de Singapur, “la idea de que Birmania depende únicamente de China es una exageración. Se han producido algunos incidentes que muestran que puede hacerle frente a China, la cual depende de los recursos birmanos. Birmania desea redimirse ahora que pretende presidir la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) en 2014, y el distanciamiento de China parece obedecer a ese propósito”.
En un momento en que China mantiene un contencioso territorial con otros miembros de la ASEAN (Filipinas, Vietnam y, en menor medida, Malasia y Brunei) en el mar de la China Meridional, y en el que el creciente poder de la segunda economía del mundo preocupa tanto a sus vecinos del Sureste Asiático como a Estados Unidos e India, la suspensión del proyecto de Myitsone es un gesto especialmente oportuno dirigido tanto a la oposición democrática como a todos esos países.
El distanciamiento de China y los gestos aperturistas ya han dado sus frutos: los países miembros de la ASEAN han anunciado que presidirá la institución en 2014 y Hillary Clinton ha anunciado que visitará el país en diciembre. De ese modo se convertirá en la primera secretaria de Estado de EE UU que visita Birmania en cinco decenios. Estados Unidos, que ha liderado las presiones internacionales contra el régimen en los últimos veinte años, abrirá así un nuevo capítulo en sus relaciones con Birmania.
Sólo el tiempo dirá si los cambios que se están produciendo suponen el inicio de una transición democrática. El régimen birmano podría volver a replegarse, tal y como ha hecho en el pasado, a sabiendas de que puede sobrevivir perfectamente a las sanciones internacionales. Está por ver si la oposición democrática conserva la capacidad, o la voluntad, de movilizar a la población birmana contra el Gobierno si fuera necesario, pero, en el caso de que eso ocurriera, sabe qué cabe esperar del Ejército tras las brutales represiones de las revueltas de 1988 o 2007. Los generales atrincherados en Naypyidaw, la capital que construyeron en la selva hace seis años, continúan teniendo la última palabra sobre el futuro político de Birmania.
Nadie esperaba mucho del ex general Thein Sein cuando tomó posesión de su cargo en marzo tras ganar unas elecciones amañadas en noviembre. Pero, entre otras medidas, ha mantenido conversaciones con la líder de la oposición democrática, Aung San Suu Kyi, ha relajado la censura de los medios de comunicación e Internet y el Parlamento ha aprobado una enmienda a la ley de partidos que permitirá a la Liga Nacional para la Democracia (LND) registrarse legalmente y concurrir a los próximos comicios. Tras reunirse con él, la propia Aung San Suu Kyi declaró que el Presidente “desea un cambio positivo y real” y ha anunciado su intención de presentarse a unas próximas elecciones en las que se elegirá a 48 miembros del Parlamento.
Pero no todos son tan optimistas. La Alianza de Monjes Birmanos, que organizó en 2007 la llamada “revolución de azafrán”, se ha opuesto a la decisión de la LND de registrarse, al considerar que no se han producido los cambios suficientes para ello. Por su parte, Maung Zarni, profesor de la London School of Economics, se muestra muy escéptico ante las reformas, que califica de meramente “cosméticas”. En una entrevista para FP en Español aclara que “los cambios no afectan a quienes detentan el poder en última instancia, los militares, algo que ahora recoge la Constitución aprobada en 2008. El Ejército decide la política exterior del país, controla todas las instituciones del Estado y determina las operaciones militares contra las comunidades étnicamente no birmanas”.
En materia de derechos humanos, la situación ha cambiado poco, pese a que el Gobierno ha creado una Comisión cuya independencia es más que dudosa. En octubre liberó a más de 200 presos políticos, una noticia que difundieron los medios de todo el mundo, pero unos 1.800 siguen en prisión y aún no está claro si habrá más excarcelaciones. Según Anna Roberts, codirectora del influyente grupo de presión Burma Campaign UK, el número fue “decepcionantemente bajo” y la liberación no supone ninguna novedad: “Las excarcelaciones recientes son similares a otras muchas anteriores y no indican necesariamente que se vayan a producir verdaderos cambios. Por ejemplo, cuando el anterior dictador, Than Shwe, se hizo con el poder en 1992, excarceló a 427 presos políticos”.
El conflicto entre el Gobierno central, de mayoría étnica birmana, y las numerosas etnias de la periferia es un factor clave en la política del país. “Muchos miembros de la oposición democrática no creen que las últimas medidas del Gobierno representen un verdadero cambio, ya que continúa la guerra civil en los Estados Kachín, Shan y Karen, con ofensivas a gran escala del Ejército birmano, y los soldados del Gobierno siguen cometiendo violaciones de los derechos humanos generalizadas”, explica Zin Linn, director de información del Gobierno de Coalición Nacional birmano en el exilio.
Es preciso recordar que el Ejército tomó el poder en 1962 y se ha mantenido en él hasta ahora con el pretexto de asegurar la unidad nacional. Ningún Gobierno birmano ha sido capaz de solucionar el problema de las minorías desde que el general Aung San, artífice de la independencia birmana y padre de Aung San Suu Kyi, firmara en 1947, pocos meses antes de morir asesinado, el “Acuerdo de Panglong” con los representantes de algunos grupos étnicos. Aquel acuerdo, que ningún Gobierno ha respetado, contemplaba un Estado federal con una amplia autonomía para los Estados étnicos, que se reservaban el derecho a la secesión diez años después.
Tras su liberación hace un año, Aung San Suu Kyi anunció su intención de celebrar una segunda conferencia de Panglong con los diversos grupos étnicos, pero hasta la fecha no ha conseguido convocarla. Mientras tanto, según algunas fuentes, algunos miembros del Gobierno se han reunido con líderes de las minorías étnicas y han acordado un alto el fuego “extraoficial” con insurgentes Karen, Chin y Shan, en lo que podría suponer el principio de un proceso de diálogo sumamente complejo y plagado de obstáculos.
El diálogo entre el régimen y la LND de Aung San Suu Kyi está resultando bastante menos complicado. Sin embargo, no todo el mundo considera que pueda dar algún fruto. El periodista sueco Bertil Lintner se muestra escéptico: “Ésta no es la primera vez que Aung San Suu Kyi mantiene conversaciones con miembros el Gobierno. En 1994, aún bajo arresto domiciliario, se reunió con varios miembros de la Junta, y también en 2001 y 2004. No cambió nada. Ahora están ‘hablando’ otra vez y nadie ha visto ningún resultado. Pero los generales aún abrigan la esperanza de tener acceso a las instituciones monetarias internacionales (el FMI, el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo) y esperan que la LND diga públicamente que han de levantarse las restricciones que se lo impiden”.
Un objetivo claro de los generales es que las potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, levanten las sanciones económicas. La efectividad de las mismas es objeto de acalorados debates pero lo indudable es que, ya sea por las sanciones, por la desastrosa gestión del Gobierno o por una combinación de ambos factores, Birmania es uno de los países más empobrecidos de Asia pese a contar con enormes recursos naturales. El presidente admitió por primera vez el problema en un discurso ante el Parlamento al principio de su legislatura y ha emprendido algunas reformas económicas. Sin embargo, las que ha “implantado hasta ahora no están a la altura de la retórica del Gobierno”, según el economista especializado en Birmania Sean Turnell.
El régimen ha pedido la asistencia de instituciones como el FMI, que se ha comprometido a ayudarle a renovar su política de cambio de divisas (hasta ahora había dos tipos de cambio: uno oficial fijo y otro extraoficial, de uso común, en el que la moneda nacional, el kyat, podía tener un valor hasta 200 veces menor). Según Turnell, “en el caso de que realmente quiera hacer reformas, el Gobierno podría esgrimir la autoridad intelectual de esas instituciones internacionales frente a los sectores más reaccionarios”.
Birmania ya comenzó a privatizar sectores clave hace dos años. “En aquel momento se trataba de repartir los activos más productivos entre un grupo de oligarcas, amigos de los militares, surgido en los últimos años. Aquello transformó una economía dominada por el Estado en una controlada por una reducida élite. Ahora eso supone un pequeño problema, ya que esos oligarcas, que no tienen que hacer frente a ninguna competencia, forman una poderosa clase opuesta a las reformas”, comenta Turnell.
Pero fue a finales de septiembre cuando Thein Sein hizo uno de sus anuncios más sorprendentes hasta el momento: la suspensión de las obras de construcción de la presa de Myitsone, un gigantesco proyecto hidráulico en el río Irrawaddy, la principal arteria fluvial del país, firmado en 2006 con China, que consumiría el 90% de la electricidad generada por su planta hidroeléctrica. Al proyecto se oponían el grupo étnico Kachín, en cuyo Estado se iba a construir la presa, y numerosas organizaciones civiles, que organizaron una campaña para “salvar el Irrawaddy”, con el apoyo de Aung San Suu Kyi.
Según Thein Sein, se suspendió el proyecto porque “era contrario a la voluntad del pueblo”, pero su decisión probablemente esté más relacionada con cálculos geopolíticos. Como explicaba recientemente Bertil Lintner, “el descontento dentro de las fuerzas armadas con la creciente influencia china es una razón más probable” de la suspensión del proyecto. El gigante asiático es el mayor socio comercial del régimen y su principal valedor ante la comunidad internacional desde hace dos decenios, pero muchos militares birmanos desconfían de su poderoso vecino del norte, que durante años apoyó a la insurgencia del Partido Comunista de Birmania.
Según el politólogo tailandés Pavin Chachavalpongpun, del Instituto de Estudios del Sureste Asiático de la Universidad de Singapur, “la idea de que Birmania depende únicamente de China es una exageración. Se han producido algunos incidentes que muestran que puede hacerle frente a China, la cual depende de los recursos birmanos. Birmania desea redimirse ahora que pretende presidir la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) en 2014, y el distanciamiento de China parece obedecer a ese propósito”.
En un momento en que China mantiene un contencioso territorial con otros miembros de la ASEAN (Filipinas, Vietnam y, en menor medida, Malasia y Brunei) en el mar de la China Meridional, y en el que el creciente poder de la segunda economía del mundo preocupa tanto a sus vecinos del Sureste Asiático como a Estados Unidos e India, la suspensión del proyecto de Myitsone es un gesto especialmente oportuno dirigido tanto a la oposición democrática como a todos esos países.
El distanciamiento de China y los gestos aperturistas ya han dado sus frutos: los países miembros de la ASEAN han anunciado que presidirá la institución en 2014 y Hillary Clinton ha anunciado que visitará el país en diciembre. De ese modo se convertirá en la primera secretaria de Estado de EE UU que visita Birmania en cinco decenios. Estados Unidos, que ha liderado las presiones internacionales contra el régimen en los últimos veinte años, abrirá así un nuevo capítulo en sus relaciones con Birmania.
Sólo el tiempo dirá si los cambios que se están produciendo suponen el inicio de una transición democrática. El régimen birmano podría volver a replegarse, tal y como ha hecho en el pasado, a sabiendas de que puede sobrevivir perfectamente a las sanciones internacionales. Está por ver si la oposición democrática conserva la capacidad, o la voluntad, de movilizar a la población birmana contra el Gobierno si fuera necesario, pero, en el caso de que eso ocurriera, sabe qué cabe esperar del Ejército tras las brutales represiones de las revueltas de 1988 o 2007. Los generales atrincherados en Naypyidaw, la capital que construyeron en la selva hace seis años, continúan teniendo la última palabra sobre el futuro político de Birmania.
Visto en FP.
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