El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Birmania, Michael Thurston, ha elogiado este martes la respuesta del presidente Thein Sein a la violencia por motivos religiosos que se desató en el estado de Rakhine, en el oeste del país, el pasado 8 de junio, pese a que Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que los rohingyas siguen siendo objeto de detenciones arbitrarias.
"Esto es algo que no habíamos visto en el pasado. El Gobierno está tratando de ayudar a todo el que lo necesite, ya sea budista o musulmán", ha dicho Thurston a Reuters en su oficina en la ciudad de Rangún.
Después de días de enfrentamientos entre rohingyas (que son musulmanes) y budistas que viven en Rajine, Thein Sein declaró el estado de emergencia en el estado el 10 de junio, envió refuerzos de seguridad, impuso un toque de queda y ofreció un discurso televisado.
A pesar de la evaluación optimista del diplomático estadounidense, AI ha indicado este martes en un informe que cientos de rohingyas tratan de huir a Bangladesh. "Las necesidades humanitarias básicas de estas personas deben cubrirse de inmediato, ya que muchas aún carecen de una alimentación adecuada, agua, refugio y atención médica", ha resaltado la ONG defensora de Derechos Humanos, que ha instado al Gobierno a permitir que las organizaciones de ayuda nacionales e internacionales tengan "acceso pleno y sin trabas" a todos los desplazados.
El grupo ha afirmado que Bangladesh negó ilegalmente refugio a unas 1.500 personas que llegaron a la frontera la semana pasada y que los guardias fronterizos detuvieron este lunes al menos a 150 hombres rohingyas que intentaban entrar en pequeñas embarcaciones. "Estaban huyendo de una ola de detenciones mayoritariamente arbitrarias practicadas por las fuerzas fronterizas de Birmania", ha indicado AI.
El Programa Mundial de Alimentos ha indicado este martes que la reciente ola de violencia ha causado unos 90.000 desplazados, lo que triplica la estimación del Gobierno. La cifra oficial de muertos es de 50.
LA AYUDA INTERNACIONAL
Thurston ha resaltado la rápida solicitud de ayuda internacional efectuada por el Gobierno, en contraste con la tardía respuesta de los generales que gobernaban el país tras el ciclón 'Nargis', que ocasionó la muerte de al menos 138.000 personas en 2008. "La respuesta en este momento es mucho mejor que la ofrecida tras el ciclón", ha opinado Thurston. "No sólo yo pienso esto. La mayoría de mis colegas está de acuerdo con que esta ha sido una respuesta diferente y mejor", ha añadido.
No obstante, en Rakhine, los trabajadores humanitarios han denunciado que miles de desplazados, tanto rakhines como rohingyas siguen viviendo en condiciones extremas más de una semana después de los incidentes violentos.
"La respuesta del Gobierno sigue siendo muy lenta y su ayuda ha sido débil desde el 10 de junio", ha indicado Jaing Kaung San, miembro de la Fundación Wan Latt, que gestiona algunos campamentos para desplazados en Rakhine. "No creo que la respuesta del Gobierno haya mejorado desde el ciclón 'Nargis'. Ha sido casi igual", ha estimado.
Los temores por la seguridad y la deficiente infraestructura han obstaculizado las labores de socorro y mantenido a muchos grupos de ayuda al margen.
Por su parte, portavoz de Naciones Unidas en Birmania, Aye Win, ha indicado que la ONU tendrá presencia en la zona "tan pronto como sea posible", pues ha acotado que deben poder trabajar bajo los principios humanitarios de imparcialidad y neutralidad y tener garantizada su seguridad.
La violencia en Rakhine estalló el 8 de junio pasado después de la violación y asesinato de una mujer budista a manos de unos musulmanes. Por este hecho fueron condenados dos hombres el lunes por un tribunal de distrito.
Alrededor de 800.000 rohingyas no son reconocidos como ciudadanos ni por Birmania ni por Bangladesh, y son considerados en general inmigrantes ilegales.
AI ha sostenido que el problema de fondo es la discriminación sistemática que han sufrido los rohingyas durante décadas. "La restauración del status quo previo a la violencia no es suficiente", ha subrayado el grupo. "La discriminación sistémica contra los rohingyas caracteriza la política de Estado en Birmania durante décadas", ha añadido.
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