Myanmar // Birmania // Burma

Pages

Los investigadores de la ONU acusan a los militares de Birmania de genocidio

martes, 28 de agosto de 2018

El jefe de las Fuerzas Armadas de Birmania, Min AungHlaing, y la jefa del Gobierno, Aung San Suu Kyi.

Un informe de un grupo de investigadores de Naciones Unidas redactado en base a cientos de entrevistas de testigos de la brutal ofensiva que lanzó el ejército de Birmania contra la minoría musulmana Rohingya el verano pasado ha acusado a los militares de genocidio y crímenes contra la humanidad, en lo que constituye el señalamiento internacional más grave que enfrentan los uniformados del país asiático desde los sucesos acaecidos el verano pasado.

Según la indagatoria de los expertos, las fuerzas armadas birmanas fueron responsables de asesinatos y violaciones masivas de miembros de esa comunidad en su empeño por expulsarlos del país, en una acometida que el mismo secretario de Estados de EEUU, Mike Pompeo, describió este sábado como una "detestable depuración étnica".

La comisión de investigación había sido establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo de 2018 y sus tres integrantes concluyeron que la razzia que llevaron a cabo los uniformados, apoyados por grupos paramilitares budistas, "equivale sin duda a los crímenes más graves del derecho internacional".

La ONU no recurría al argumento de una posible inculpación por genocidio desde la guerra de Bosnia, el que se registró en Ruanda en 1994 o los crímenes cometidos en Sudán.

El documento solicita que el máximo jefe de las fuerzas armadas, el todopoderoso general Min Aung Hlaing, y otros cinco generales sean investigados por el Tribunal Internacional de Justicia sito en La Haya.

"Las necesidades militares nunca podrían justificar el asesinato indiscriminado, las violaciones en grupo de mujeres, los ataques contra niños o el incendio de aldeas completas. Son tácticas totalmente desproporcionadas", se lee en el texto.

Esclavitud sexual

El relato de los investigadores asegura que en el estado de Rakhine, la región del oeste de Birmania de donde proceden los Rohingya, se registraron "indicios de exterminación y deportación" y otras muchas y graves violaciones de los derechos humanos como torturas o esclavitud sexual.

Según la estimación "conservadora" de esta comisión, en esta arremetida pudieron ser asesinadas más de 10.000 personas.

La principal dirigente política del país, la Premio Nobel Aung San Suu Kyi, tampoco se libró de la denuncia del grupo de investigadores que dijo que "no había usado su posición de facto como jefe del gobierno, ni su autoridad moral para detener o prevenir" las terribles acciones que se registraron en Rakhine.

Los expertos también reclaman que el Consejo de Seguridad de la ONU "adopte sanciones individuales, incluida la prohibición de viajar y la congelación de activos" contra estos uniformados y un embargo de armas contra el país.

El Ejército birmano ya apadrinó su propia investigación sobre lo ocurrido pero desestimó todos estos cargos. La única decisión que adoptó en junio fue expulsar de las fuerzas armadas al oficial que comandaba esa región en aquellas fechas -incluido en la lista de 6 generales incriminados por el informa de la ONU- pero por su "débil" liderazgo y haber permitido que se organizara la guerrilla Rohingya.

La ofensiva militar que se registró a partir del 25 de agosto del año pasado forzó la huida de más de 700.000 Rohingya que un año después permanecen hacinados en precarios campos de refugiados de Bangladesh, en la zona de Cox's Bazar.

Birmania sigue sin aceptar el regreso de esos exiliados argumentado que la responsabilidad es de Bangladesh.

Las autoridades y los militares de Birmania siguen aferrados a la inacción y el rechazo de cualquier responsabilidad en lo acaecido, reforzando el acoso a los medios independientes que intentan esclarecer detalles sobre esas trágicas jornadas.

Horas antes de que se conocieran las averiguaciones del grupo de la ONU, un juez local aplazó hasta el 3 de septiembre el fallo contra dos periodistas birmanos de la agencia Reuters que descubrieron una matanza de rohingya, a los que se acusa de vulnerar la Ley de Secretos Oficiales, un delito que está penado con un máximo de 14 años de cárcel.

El caso ha sido denunciado por un amplio número de organizaciones internacionales que indican que se trata de un ejemplo manifiesto de represión del derecho a la información.

Wa Lone y Kyaw Soe Oo, que llevan ocho meses bajo arresto, aparecieron en la sala del tribunal esposados y vestidos con el tradicional "longyi".

"No tememos la decisión porque la verdad está de nuestra parte. No hicimos nada erróneo", aseguró el primero antes de ser enviado de nuevo a la prisión de Insein, un penal de triste recuerdo ya que fue el lugar de encarcelamiento de miles de prisioneros políticos durante la dictadura.

Artículo de Javier Espinosa visto en El mundo.

Si te ha interesado este artículo, compártelo.


votar

Ocho preguntas sobre la crisis de los rohingyas

Se cumple un año de los enfrentamientos que propiciaron el éxodo masivo de esta minoría étnica desde Myanmar hacia Bangladés, donde se ha instalado uno de los mayores campos de refugiados del planeta



Se cumple un año de la huida masiva de la minoría étnica rohingya de Myanmar (antigua Birmania), pero este pueblo lleva décadas siendo perseguido por un Estado que no los reconoce. Este es un repaso de todo lo que la mayoría de la opinión pública ha conocido en estos 12 meses de una población sin patria obligada a escapar ante lo que muchos definen como "limpieza étnica".

¿Quiénes son?

Tal y como explica el experto en migraciones Abdel Belattar: "Los rohingya son una comunidad musulmana que residía en Birmania (hoy Myanmar) desde el siglo VIII y que fue ampliándose en número por su importación como mano de obra a manos del Imperio británico. Además de la religión, se caracterizan por hablar el rohingya, una mezcla de árabe, urdu y birmano. Ellos se consideran indígenas de Birmania, mientras que el Gobierno los ve como extranjeros invasores". Una ley gubernamental del 1982 eliminó prácticamente toda posibilidad de que algún día fueran reconocidos como ciudadanos.

¿Cuántos son?

Las organizaciones internacionales cifran en torno a un millón el número de habitantes de los diferentes asentamientos en Bangladés. En cuanto a los que permanecen en Myanmar, no hay cifras exactas. En este reportaje de diciembre, la coordinadora de emergencias de Médicos sin Fronteras señaló que aún quedaban 150.000 en el país birmano, pero los desplazamientos no han dejado de aumentar en todo este tiempo. Estas imágenes satélite recopiladas por Human Rights Watch mostraban centenares de aldeas rohingyas borradas del mapa por las máquinas demoledoras del Gobierno.

¿Cómo comenzó la última crisis?

Hace aproximadamente un año se recrudeció el conflicto entre el estado birmano y esta minoría, cuando el Gobierno acusó a combatientes de esta etnia de atacar varios puestos de policía. La reacción posterior de las fuerzas de seguridad dejó cien muertos en pocos días. Esto sucedió en el Estado de Rajine, que limita con Bangladés, en el que habitaban en ese momento alrededor de un millón de rohingyas. Fue entonces cuando comenzó el mayor éxodo de este pueblo para llegar hasta el país vecino, un Estado que tampoco les reconoce, pero que hasta la fecha les ha dejado instalarse en lo que se ha convertido en uno de los mayores campos de refugiados del mundo. Los asentamientos se ubican en el área de una típica ciudad vacacional, Cox's Bazar.

¿Cuál es la posición internacional?

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, definió la tragedia como un ejemplo de libro de limpieza étnica, mientras que el secretario general, António Guterres, bordeó esa terminología. Estados Unidos no dudó en utilizar esa calificación a finales del año pasado. Un ministro de Bangladés, el principal país de acogida, definió al Gobierno birmano como "malvado". Todas las organizaciones humanitarias han alertado a la opinión pública sobre la necesidad de actuar contra esta catástrofe, como Amnistía Internacional, Unicef y Save the Children.

Tras un polémico viaje del Papa a Myanmar en el que evitó pronunciar el nombre de esta etnia, pocos días después el representante de la iglesia católica se reunió con un grupo de refugiados y pidió perdón” por la indiferencia y odio del mundo. “La presencia de Dios hoy también se llama rohingya”, aseveró.

¿Cuál es el papel de Aung San Suu Kyi?

Aung San Suu Kyi fue una activista por los derechos humanos y premio Nobel perseguida durante casi tres décadas en su país, donde llegó a estar encarcelada. En 2015, los militares permitieron las primeras elecciones semilibres de Myanmar y su partido arrasó. Desde entonces ocupa un puesto equivalente a jefa de Gobierno, pero los militares "se reservaron los tres ministerios encargados de la seguridad, el 25% de los escaños en el Parlamento y el derecho a veto de cualquier cambio constitucional", tal y como recoge esta información de Macarena Vidal Liy. Los defensores de Aung San Suu Kyi insisten en que no tiene poder para frenar la situación. Ella declaró este martes en una conferencia en Singapur, según recogió Reuters, que "el peligro de las actividades terroristas, que fue la causa inicial de los acontecimientos que llevaron a la crisis humanitaria en Rajine sigue siendo real y presente hoy en día".

¿Y el de Facebook?

Al igual que las radios tuvieron un papel fundamental en el genocidio de Ruanda por su poder para expandir el mensaje de odio, esta red social se convirtió en el perfecto altavoz para lo mismo en Myanmar. "En abril, la compañía norteamericana admitió su responsabilidad en la difusión de mensajes de odio contra la minoría rohingya y pidió disculpas a seis organizaciones de la sociedad civil que advertían que las herramientas puestas en marcha por la empresa para evitar la difusión de este tipo de mensajes no eran suficientes", recoge esta información de EFE.

¿A qué problemas de enfrenta este pueblo?

A los derivados del hacinamiento, la falta de recursos y la débil posición de la comunidad internacional. Las condiciones en los asentimientos informales hacen que aumente el riesgo de brotes de enfermedades. El fondo de Naciones Unidas para la infancia (Unicef) calcula que cada día se necesitan más de 16 millones de litros de agua limpia y se deben construir o mantener 50.000 letrinas para mejorar el saneamiento.

Además, tal y como denunciaba Unicef en un informe publicado este jueves, más de medio millón de niños refugiados rohingya en el sur de Bangladés no tiene acceso a una educación adecuada. La organización también informó en mayo de que cada día nacen 60 bebés en alguno de sus campamentos. La malnutrición es endémica y la incidencia de la violencia de género es alta. Un estudio publicado este viernes por Plan Internacional destaca que solo el 28% de las niñas van a la escuela ya que la gran mayoría permanece aislada en casa por "ideas preconcebidas sobre los roles de género". Más de 75% aseguró que no tiene el control sobre sus decisiones vitales.

Todo esto ha empeorado con la llegada del temido monzón, le temporada de lluvias torrenciales. Esto ha puesto en peligro a 200.000 personas que vivían en los terrenos más inestables y las organizaciones tratan de evacuarles a zonas más seguras, según notificaba hace unas semanas Save the Children.

¿En qué punto está la situación?

Ha habido varios intentos para repatriar a los refugiados. A principios de verano, Myanmar y la ONU anunciaron un acuerdo para comenzar el retorno. Sin embargo, el presidente de Cruz Roja, Peter Maurer, aseveró hace algo más de un mes que el país no está preparado para el retorno de los refugiados y estos mismos han expresado su preocupación de volver a un territorio del que huyeron por temor a morir.

Mientras, el centenar de entidades internacionales que trabajan sobre el terreno tratan de mejorar al máximo el estado del asentamiento de Bangladés. Acnur y sus socios lanzaron en marzo el Plan de Respuesta Conjunta para la Crisis Humanitaria Rohingya, que buscaba recaudar más de 950 millones de dólares en 2018, de los que solo se ha logrado un 33% hasta la fecha, informa en un comunicado World Vision.

Artículo de Patricia Peiró en la sección Planeta Futuro, de El país.

Si te ha interesado este artículo, compártelo.


votar