Un centro de repatriación de rohinyás que regresaron a Birmania después de haber huido por una ola de violencia Credit Adam Dean para The New York Times
NAIPIDYÓ, Birmania – Se hicieron pasar por fanáticos de estrellas del pop y de héroes nacionales mientras inundaban Facebook con su odio. Uno de ellos dijo que el islam representaba una amenaza mundial para el budismo. Otro más compartió una historia falsa acerca de un hombre musulmán que violó a una mujer budista.
Estas publicaciones en Facebook no fueron hechas por usuarios típicos de internet, sino por el personal militar birmano. El ejército convirtió así a la red social en una herramienta para llevar a cabo una limpieza étnica, de acuerdo con exmilitares, investigadores y funcionarios civiles del país asiático.
De acuerdo con las fuentes, los miembros del ejército birmano fueron los principales actores detrás de una campaña sistemática en Facebook que duró cinco años y cuyo blanco eran los rohinyás, un grupo minoritario compuesto en su mayoría por musulmanes. El ejército aprovechó el amplio alcance de Facebook en Birmania; ahí su uso es tan común que muchos de los 18 millones de usuarios de la web en el país creen que la plataforma es todo el internet.
Varios grupos de defensa de los derechos humanos culpan a la propaganda contraria a los rohinyás de incitar asesinatos, violaciones y la migración humana masiva más grande de la historia reciente.
En agosto, ante los cuestionamientos de The New York Times, Facebook desactivó las cuentas oficiales de los dirigentes de alto rango del ejército birmano; en ese momento aún no quedaban claros el alcance ni los detalles de la campaña propagandística, oculta detrás de nombres falsos y cuentas ficticias. La campaña, descrita por cinco personas que solicitaron mantener el anonimato por temor a arriesgar su integridad física, incluía a cientos de militares que crearon perfiles, páginas de figuras famosas y noticias falsas en Facebook y luego los llenaron de comentarios y publicaciones incendiarios publicados en horas pico de audiencia.
Las fuentes afirman que los militares trabajaban por turnos en bases atestadas al lado de colinas cercanas a la capital política, Naipyidó, y que también se les pidió que recabaran información de cuentas de figuras famosas y publicaciones con críticas desfavorables hacia el ejército. Las operaciones se hicieron con tal secretismo que a la entrada todos tenían que ser sometidos a una revisión de su teléfono, a excepción de los altos mandos.
Capturas de pantalla de la cuenta oficial del comandante jefe del ejército birmano. Las páginas fueron eliminadas por Facebook en agosto.
Facebook confirmó la mayoría de los detalles acerca de la sospechosa campaña ejecutada por el ejército. El director de política de ciberseguridad de la empresa, Nathaniel Gleicher, aseguró que había descubierto “intentos evidentes y deliberados de difundir, de manera encubierta, propaganda relacionada directamente con el ejército birmano”.
Estas acciones del ejército birmano son uno de los ejemplos más claros de cómo un gobierno autoritario aprovecha las redes sociales en contra de sus propios ciudadanos. Se trata de otra faceta de las campañas de desinformación que se desarrollan en el sitio. Por ejemplo, rusos e iraníes que, apoyados por el gobierno, han difundido mensajes incendiarios a través de Facebook al público de otros países. En Estados Unidos, algunos grupos locales han adoptado tácticas similares antes de las elecciones intermedias del 6 de noviembre próximo.
“El ejército se ha beneficiado mucho de Facebook”, dijo Thet Swe Win, fundador de Synergy, un grupo que se enfoca en fomentar la armonía social en Birmania. “Yo no diría que Facebook está involucrado directamente en la limpieza étnica, pero sí tienen cierta responsabilidad de tomar acciones que eviten que la plataforma se convierta en una instigadora del genocidio”.
Para agosto, cuando Facebook reconoció que había demorado en actuar después de meses de reportes de propaganda en contra de los rohinyá en la plataforma, más de 700.000 integrantes de la minoría habían tenido que huir del país, un hecho que funcionarios de la ONU llamaron “un ejemplo básico de limpieza étnica”. La empresa ha afirmado que está redoblando esfuerzos para detener esos abusos.
El comité de información del ejército de Birmania no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios a este reportaje.
En las fotos de la publicación
se muestran presuntos actos
violentos de rohinyás en los
cuarenta, pero en realidad
son imágenes de la guerra de
independencia de Bangladés,
en 1971.
La operación de la milicia birmana en Facebook comenzó hace varios años, de acuerdo con personas que saben cómo funcionaba. Según ellas, el ejército destinó muchos recursos y puso a trabajar hasta setecientas personas en esta tarea.
Comenzaron por crear lo que parecían ser páginas de noticias y perfiles en Facebook dedicados a cantantes de pop, modelos y otras celebridades birmanas, como una reina de belleza. Esas páginas se convirtieron en canales de distribución de fotografías morbosas, noticias falsas y publicaciones incendiarias, a menudo en contra de los musulmanes birmanos, según las fuentes. Las cuentas falsas administradas por el ejército contribuyeron a difundir el contenido, a acallar las críticas y a fomentar discusiones entre quienes hacían comentarios para encolerizarlos. Una de las fuentes señaló que con frecuencia publicaban fotografías simuladas de cadáveres que decían que eran evidencia de supuestas masacres perpetradas por los rohinyás.
En 2017, surgió una de las campañas más peligrosas, de acuerdo con dos de las fuentes. Valiéndose de la conmemoración del 11 de septiembre de 2001, el departamento de inteligencia militar difundió rumores en los grupos de Facebook con muchos seguidores en los que aseguraba que se llevarían a cabo “ataques yihadistas”. En tanto, a los grupos con seguidores musulmanes les pusieron un mensaje distinto, en el que se afirmaba que los monjes budistas del país estaban organizando protestas en su contra.
Un asentamiento de rohinyás que huyeron hacia Bangladés; se estima que más de 700.000 personas dejaron su hogar en Birmania por lo que la ONU calificó como una campaña de "limpieza étnica". Credit Adam Dean para The New York Times
Los investigadores que dieron seguimiento a las tácticas aseguraron que el propósito de la campaña que puso al país en alerta era crear un ambiente generalizado de vulnerabilidad y temor que solo pudiera ser apaciguado con la protección militar.
Facebook afirmó haber encontrado pruebas de que los mensajes se difundían de forma intencional desde cuentas no verificadas y desactivó algunas de ellas en su momento, pero no investigó ninguna relación con los militares.
El ejército aprovechó su amplia historia de hacer guerra con herramientas psicológicas, que desarrolló durante las décadas en las que Birmania estaba bajo control de una junta militar que dejó el poder en 2011. Antes, el objetivo de las campañas era desacreditar las emisiones radiofónicas de medios extranjeros. Un veterano de la época afirmó que les enseñaban una regla de oro para las noticias falsas: si una cuarta parte de la información es real, el resto parece factible.
Wai Moe colaboró con el reportaje desde Rangún, Birmania.
"Si alguien cree que ha habido un error judicial me gustaría que me lo señalaran", ha dicho Suu Kyi durante el Foro Económico Mundial para el Sudeste Asiático que concluye este jueves en Hanoi.
"(La sentencia) no tiene nada que ver con la libertad de expresión sino con la Ley de Secretos Oficiales", añadió la Nobel de la Paz, que retó a los críticos a leerse el fallo.
"No se les condenó por ser periodistas sino porque la corte decidió que violaron la Ley de Secretos Oficiales", concluyó.
Suu Kyi instó a respetar el funcionamiento del estado de derecho y ha asegurado que los dos periodistas tienen derecho a apelar la sentencia.
Los reporteros Wa Lone y Kyaw Soe Oo fueron detenidos la noche del 12 de diciembre tras reunirse con dos policías que, según los acusados, les entregaron documentos supuestamente confidenciales.
Los reporteros, condenados a principios de mes, investigaban una masacre de miembros de la minoría musulmana rohinyá en la aldea de Inn Dinn, en el estado Rakáin, en el oeste del país.
Las autoridades les acusaron de haber obtenido documentos secretos sobre la operación militar en Rakáin, que el Ejército birmano lanzó hace un año tras una serie de asaltos de un grupo insurgente rohingya a puestos fronterizos.
Más de 700.000 rohinyás huyeron a Bangladesh a raíz de esta ofensiva militar en la que investigadores de la ONU encontraron elementos de "genocidio intencional".
Durante su intervención en el Foro, a preguntas del presentador, Suu Kyi ha admitido que "a posteriori" su gobierno podría haber gestionado mejor la crisis en Rakáin.
"Por supuesto que hay cosas en las que, a posteriori, la situación podría haberse manejado mejor", ha dicho Suu Kyi.
"Pero creemos que para garantizar la seguridad y la estabilidad a largo plazo debemos ser justos con todas las partes, y el estado de derecho debe aplicarse a todos. No podemos elegir quién debería ser protegido por el estado de derecho", ha añadido la consejera de Estado de Birmania.
Birmania no reconoce la ciudadanía a los rohinyá, a los que considera inmigrantes bengalíes, y les somete a una discriminación creciente, incluidas restricciones a la libertad de movimientos.
Un juez declaró culpables a los dos periodistas de la agencia de noticias Reuters, por revelar secretos oficiales de Myanmar, en un caso que desafió la libertad de prensa y que los tiene en prisión desde diciembre de 2017.
A siete años de cárcel fueron condenados Wa Lone, de 32 años, y Kyaw Soe Oo, de 28 años. El juez Ye Lwin, del distrito norteño de Yangón, dictaminó que rompieron la Ley de Secretos Oficiales de la era colonial.
El magistrado explicó que: "Los demandados... han violado la Ley de Secretos Oficiales, sección 3.1.c, y están sentenciados a siete años. Se tendrá en cuenta el tiempo que ya cumplieron los acusados desde el 12 de diciembre".
El caso empezó como consecuencia de una investigación periodística de los comunicadores sobre los asesinatos de 10 hombres y niños musulmanes rohingyas en un poblado en el Estado de Rakhine, en el oeste de Myanmar.
Las muertes habrían ocurrido en medio de una de las peores crisis humanitarias del país por una represión militar que fue denunciada internacionalmente y que, según las agencias de Naciones Unidas, llevó a que más de 700.000 rohingyas huyeran al vecino Bangladesh, situación que sigue sin resolverse.
El 9 de julio de 2018 el tribunal presentó cargos por apoderamiento de documentos secretos pertenecientes a las fuerzas de seguridad. La fiscalía argumentó que los empleados de Reuters tenían la intención de dañar la seguridad nacional, pues en los papeles que recibieron se detallaban los movimientos de las fuerzas armadas.
El ente acusador también alegó que los comunicadores además tenían en su poder, en sus teléfonos celulares, información confidencial.
Por su parte, Wa Lone y Kyaw Soe siempre se declararon inocentes y dijeron a la corte que les tendieron una trampa, cuando dos policías les entregaron documentos en un restaurante de Yangón, minutos antes de que más agentes llegaran al sitio y los arrestaran, el pasado 12 de diciembre.
Según la indagatoria de los expertos, las fuerzas armadas birmanas fueron responsables de asesinatos y violaciones masivas de miembros de esa comunidad en su empeño por expulsarlos del país, en una acometida que el mismo secretario de Estados de EEUU, Mike Pompeo, describió este sábado como una "detestable depuración étnica".
La comisión de investigación había sido establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo de 2018 y sus tres integrantes concluyeron que la razzia que llevaron a cabo los uniformados, apoyados por grupos paramilitares budistas, "equivale sin duda a los crímenes más graves del derecho internacional".
La ONU no recurría al argumento de una posible inculpación por genocidio desde la guerra de Bosnia, el que se registró en Ruanda en 1994 o los crímenes cometidos en Sudán.
El documento solicita que el máximo jefe de las fuerzas armadas, el todopoderoso general Min Aung Hlaing, y otros cinco generales sean investigados por el Tribunal Internacional de Justicia sito en La Haya.
"Las necesidades militares nunca podrían justificar el asesinato indiscriminado, las violaciones en grupo de mujeres, los ataques contra niños o el incendio de aldeas completas. Son tácticas totalmente desproporcionadas", se lee en el texto.
Esclavitud sexual
El relato de los investigadores asegura que en el estado de Rakhine, la región del oeste de Birmania de donde proceden los Rohingya, se registraron "indicios de exterminación y deportación" y otras muchas y graves violaciones de los derechos humanos como torturas o esclavitud sexual.
Según la estimación "conservadora" de esta comisión, en esta arremetida pudieron ser asesinadas más de 10.000 personas.
La principal dirigente política del país, la Premio NobelAung San Suu Kyi, tampoco se libró de la denuncia del grupo de investigadores que dijo que "no había usado su posición de facto como jefe del gobierno, ni su autoridad moral para detener o prevenir" las terribles acciones que se registraron en Rakhine.
Los expertos también reclaman que el Consejo de Seguridad de la ONU "adopte sanciones individuales, incluida la prohibición de viajar y la congelación de activos" contra estos uniformados y un embargo de armas contra el país.
El Ejército birmano ya apadrinó su propia investigación sobre lo ocurrido pero desestimó todos estos cargos. La única decisión que adoptó en junio fue expulsar de las fuerzas armadas al oficial que comandaba esa región en aquellas fechas -incluido en la lista de 6 generales incriminados por el informa de la ONU- pero por su "débil" liderazgo y haber permitido que se organizara la guerrilla Rohingya.
La ofensiva militar que se registró a partir del 25 de agosto del año pasado forzó la huida de más de 700.000 Rohingya que un año después permanecen hacinados en precarios campos de refugiados de Bangladesh, en la zona de Cox's Bazar.
Birmania sigue sin aceptar el regreso de esos exiliados argumentado que la responsabilidad es de Bangladesh.
Las autoridades y los militares de Birmania siguen aferrados a la inacción y el rechazo de cualquier responsabilidad en lo acaecido, reforzando el acoso a los medios independientes que intentan esclarecer detalles sobre esas trágicas jornadas.
Horas antes de que se conocieran las averiguaciones del grupo de la ONU, un juez local aplazó hasta el 3 de septiembre el fallo contra dos periodistas birmanos de la agencia Reuters que descubrieron una matanza de rohingya, a los que se acusa de vulnerar la Ley de Secretos Oficiales, un delito que está penado con un máximo de 14 años de cárcel.
El caso ha sido denunciado por un amplio número de organizaciones internacionales que indican que se trata de un ejemplo manifiesto de represión del derecho a la información.
Wa Lone y Kyaw Soe Oo, que llevan ocho meses bajo arresto, aparecieron en la sala del tribunal esposados y vestidos con el tradicional "longyi".
"No tememos la decisión porque la verdad está de nuestra parte. No hicimos nada erróneo", aseguró el primero antes de ser enviado de nuevo a la prisión de Insein, un penal de triste recuerdo ya que fue el lugar de encarcelamiento de miles de prisioneros políticos durante la dictadura.
Se cumple un año de los enfrentamientos que propiciaron el éxodo masivo de esta minoría étnica desde Myanmar hacia Bangladés, donde se ha instalado uno de los mayores campos de refugiados del planeta
Se cumple un año de la huida masiva de la minoría étnica rohingya de Myanmar (antigua Birmania), pero este pueblo lleva décadas siendo perseguido por un Estado que no los reconoce. Este es un repaso de todo lo que la mayoría de la opinión pública ha conocido en estos 12 meses de una población sin patria obligada a escapar ante lo que muchos definen como "limpieza étnica".
¿Quiénes son?
Tal y como explica el experto en migraciones Abdel Belattar: "Los rohingya son una comunidad musulmana que residía en Birmania (hoy Myanmar) desde el siglo VIII y que fue ampliándose en número por su importación como mano de obra a manos del Imperio británico. Además de la religión, se caracterizan por hablar el rohingya, una mezcla de árabe, urdu y birmano. Ellos se consideran indígenas de Birmania, mientras que el Gobierno los ve como extranjeros invasores". Una ley gubernamental del 1982 eliminó prácticamente toda posibilidad de que algún día fueran reconocidos como ciudadanos.
¿Cuántos son?
Las organizaciones internacionales cifran en torno a un millón el número de habitantes de los diferentes asentamientos en Bangladés. En cuanto a los que permanecen en Myanmar, no hay cifras exactas. En este reportaje de diciembre, la coordinadora de emergencias de Médicos sin Fronteras señaló que aún quedaban 150.000 en el país birmano, pero los desplazamientos no han dejado de aumentar en todo este tiempo. Estas imágenes satélite recopiladas por Human Rights Watch mostraban centenares de aldeas rohingyas borradas del mapa por las máquinas demoledoras del Gobierno.
¿Cómo comenzó la última crisis?
Hace aproximadamente un año se recrudeció el conflicto entre el estado birmano y esta minoría, cuando el Gobierno acusó a combatientes de esta etnia de atacar varios puestos de policía. La reacción posterior de las fuerzas de seguridad dejó cien muertos en pocos días. Esto sucedió en el Estado de Rajine, que limita con Bangladés, en el que habitaban en ese momento alrededor de un millón de rohingyas. Fue entonces cuando comenzó el mayor éxodo de este pueblo para llegar hasta el país vecino, un Estado que tampoco les reconoce, pero que hasta la fecha les ha dejado instalarse en lo que se ha convertido en uno de los mayores campos de refugiados del mundo. Los asentamientos se ubican en el área de una típica ciudad vacacional, Cox's Bazar.
¿Cuál es la posición internacional?
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, definió la tragedia como “un ejemplo de libro de limpieza étnica”, mientras que el secretario general, António Guterres, bordeó esa terminología. Estados Unidos no dudó en utilizar esa calificación a finales del año pasado. Un ministro de Bangladés, el principal país de acogida, definió al Gobierno birmano como "malvado". Todas las organizaciones humanitarias han alertado a la opinión pública sobre la necesidad de actuar contra esta catástrofe, como Amnistía Internacional, Unicef y Save the Children.
Tras un polémico viaje del Papa a Myanmar en el que evitó pronunciar el nombre de esta etnia, pocos días después el representante de la iglesia católica se reunió con un grupo de refugiados y pidió “perdón” por la indiferencia y odio del mundo. “La presencia de Dios hoy también se llama rohingya”, aseveró.
Al igual que las radios tuvieron un papel fundamental en el genocidio de Ruanda por su poder para expandir el mensaje de odio, esta red social se convirtió en el perfecto altavoz para lo mismo en Myanmar. "En abril, la compañía norteamericana admitió su responsabilidad en la difusión de mensajes de odio contra la minoría rohingya y pidió disculpas a seis organizaciones de la sociedad civil que advertían que las herramientas puestas en marcha por la empresa para evitar la difusión de este tipo de mensajes no eran suficientes", recoge esta información de EFE.
¿A qué problemas de enfrenta este pueblo?
A los derivados del hacinamiento, la falta de recursos y la débil posición de la comunidad internacional. Las condiciones en los asentimientos informales hacen que aumente el riesgo de brotes de enfermedades. El fondo de Naciones Unidas para la infancia (Unicef) calcula que cada día se necesitan más de 16 millones de litros de agua limpia y se deben construir o mantener 50.000 letrinas para mejorar el saneamiento.
Además, tal y como denunciaba Unicef en un informe publicado este jueves, más de medio millón de niños refugiados rohingya en el sur de Bangladés no tiene acceso a una educación adecuada. La organización también informó en mayo de que cada día nacen 60 bebés en alguno de sus campamentos. La malnutrición es endémica y la incidencia de la violencia de género es alta. Un estudio publicado este viernes por Plan Internacional destaca que solo el 28% de las niñas van a la escuela ya que la gran mayoría permanece aislada en casa por "ideas preconcebidas sobre los roles de género". Más de 75% aseguró que no tiene el control sobre sus decisiones vitales.
Todo esto ha empeorado con la llegada del temido monzón, le temporada de lluvias torrenciales. Esto ha puesto en peligro a 200.000 personas que vivían en los terrenos más inestables y las organizaciones tratan de evacuarles a zonas más seguras, según notificaba hace unas semanas Save the Children.
¿En qué punto está la situación?
Ha habido varios intentos para repatriar a los refugiados. A principios de verano, Myanmar y la ONU anunciaron un acuerdo para comenzar el retorno. Sin embargo, el presidente de Cruz Roja, Peter Maurer, aseveró hace algo más de un mes que el país no está preparado para el retorno de los refugiados y estos mismos han expresado su preocupación de volver a un territorio del que huyeron por temor a morir.
Mientras, el centenar de entidades internacionales que trabajan sobre el terreno tratan de mejorar al máximo el estado del asentamiento de Bangladés. Acnur y sus socios lanzaron en marzo el Plan de Respuesta Conjunta para la Crisis Humanitaria Rohingya, que buscaba recaudar más de 950 millones de dólares en 2018, de los que solo se ha logrado un 33% hasta la fecha, informa en un comunicado World Vision.
"No es el poder que corrompe sino el miedo. El miedo de perder el poder corrompe a los que lo tienen, y el miedo del abuso del poder corrompe a los que viven bajo su yugo."