Cuando el pasado marzo Tomás Ojea Quintana, el Relator de la ONU para los Derechos Humanos en Birmania, pidió una investigación por posibles crímenes de guerra cometidos por el régimen militar birmano, hizo un especial hincapié en convocatorias similares que se han hecho para otros lugares.
Pero la petición de Ojea Quintana, como parte de un informe de 30 hojas enviado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Génova, se ha vuelto en contra del propio Relator. La junta militar le ha negado el visado que pidió para poder volver al país y hacer su cuarta visita, según informaron fuentes diplomáticas de la ONU.
Los activistas pro-democráticos en el exilio no se sorprenden del trato que los militares birmanos dispensan el abogado argentino, actualmente de visita en Tailandia e Indonesia para preparar otro informe sobre Birmania que será presentado en la Asamblea General de la ONU en octubre. Ya su predecesor, Paulo Sergio Pinheiro, fue rechazado por el país tras un informe crítico ante la ONU.
"Está muy claro que Ojea Quintana ha tocado una fibra sensible del régimen birmano al pedir un comité internacional de estudio de crímenes de guerra," dice Khin Ohmar, coordinador del Burma Partnership, una red de grupos civiles en apoyo a los derechos humanos en Birmania. "El régimen no puede tolerar estas críticas."
De hecho, Ojea Quintana ha abierto un nuevo frente diplomático con sus fuertes palabras del pasado marzo, según el político en el exilio. "Es la primera vez que un rapporteur de la ONU para los derechos humanos pide una investigación sobre crímenes de guerra."
Mas a pesar de que se le ha denegado el visado, "él sigue comprometido en el impulso de esta investigación", ha dicho David Scott Maheison, de Human Rights Watch. "No se rinde; quiere volver y comprometerse con cuantos actores pueda."
La ONU estableció un mandato para observar las violaciones de los derechos humanos en Birmania en 1992. Ese año comenzaron también la resoluciones críticas con la junta. Pero no fue hasta 2002 cuando los informes sobre crímenes de guerra empezaron a emerger, confirmando un clima de opresión y abuso que empeoraba, en un país que ya tenía una buena lista de violaciones de los derechos humanos. El informe más dañino fue el llamado "Licencia para violar", publicado por la Red de Acción de Mujeres Shan (Shan Women's Action Network -SWAN), un grupo de la etnia minoritaria Shan. Este informe documentaba las violaciones que los militares cometieron sobre mujeres Shan como parte de sus lucha contra los grupos étnicos Shan rebeldes.
Tras este informe, la Asamblea General de la ONU aprobó por primera vez una resolución pidiendo una investigación independiente sobre los casos de violación y otros crímenes cometidos por el régimen birmano en las áreas fronterizas donde habitan las minorías étnicas.
Otros informes de otras etnias como los Karen que siguieron al informe de SWAN muestran los mismos datos. Los Karen y los Shan son algunas de las víctimas del norte y este del país, cercanas a las fronteras con Tailandia y China, con más de 500.000 desplazados internos viviendo en condiciones extremas tras huir de sus pueblos por los conflictos.
El impacto de estos conflictos étnicos en la población civil fue expuesto en un informe de cinco juristas internacionales en 2009. Más de 3.000 pueblos de nacionalidades étnicas han sido incendiados y arrasados por los militares, según el informe de International Human Rights Clinic de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, en EE.UU. "Esto es comparable al número de pueblos que han sido destruidos o dañados en Darfur, Sudán."
"El mundo no puede esperar a que el régimen militar continúe con sus atrocidades contra el pueblo de Birmania," añaden los juristas de U.K, Mongolia, Sudáfrica, EE.UU. y Venezuela en su informe "Crímenes en Birmania".
Ojea Quintana se hizo echo de estos mismos sentimientos en su informe de marzo: "Las instituciones de la ONU deben considerar la posibilidad de establecer una comisión que pida una búsqueda de hechos para dirigir el problema de los crímenes internacionales." El informe de Ojea Quintana, que siguió su tercer viaje a Birmania en febrero tras su designación en febrero de 2008, destacó una letanía de violaciones que incluían muertes y torturas de detenidos, trabajos forzados, arrestos de disidentes y falta de libertad de expresión y reunión.
"Este informe ha sido el mayor que un oficial de la ONU ha hecho nunca, y confirma lo que las comunidad étnicas que viven en zona de guerra han venido diciendo desde hace años," dice Charm Tong, miembro de SWAN. "Las víctimas aún sufren los ataques y tiene que huir del ejército birmano."
Para que acabe este sufrimiento, las preocupaciones de Ojea Quintana y sus llamamientos para investigar los crímenes de guerra deberían "romper el silencia en el Consejo de Seguridad de la ONU", según dicen los activistas Shan. "Queremos que el tema de Birmania se trate en el Consejo."
0 comentarios:
Publicar un comentario