La Junta Militar de Birmania (Myanmar) denunció hoy a través de la prensa estatal que se fragua una conspiración para sabotear las elecciones previstas para finales de año, primeras en dos décadas de régimen autoritario.
El jefe del Gobierno militar, el general Than Shwe, en un mensaje publicado por el diario oficial 'Nueva Luz de Myanmar', apuntó que los 'saboteadores de dentro y fuera del país conspiran' con la intención que los comicios 'fracasen'.
La denuncia del máximo jefe de la Junta Militar se produce cuando las fuerzas de seguridad han sido puestas en alerta, en respuesta a las recientes explosiones de bombas en Rangún y en infraestructuras de la región central.
Al menos diez personas murieron y cerca de 170 resultaron heridas el pasado 15 de abril al explotar una bomba en un parque de atracciones de Rangún, la mayor ciudad. El pasado abril, tres instalaciones hidroeléctricas de la región central, resultaron dañadas por dos artefactos.
Las autoridades han atribuido los ataques a grupos clandestinos de la disidencia y a las guerrillas étnicas que luchan por la autonomía o independencia de los territorios que habitan.
La prensa local informó esta semana de que el primer ministro, Thein Sein, había renunciado a su rango militar a la vez que más de veinte miembros del Gobierno, para encabezar un nuevo partido con el que se presentará a las elecciones, cuya fecha exacta de celebración todavía no ha sido anunciada por la Junta Militar.
Al partido del primer ministro se han unido al menos 27 ministros y viceministros en activo, según el diario 'Nueva Luz de Myanmar'.
La legalización del partido del primer ministro se produjo el pasado jueves, el mismo día en el que la principal opositora y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, y su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), denunciaron en el Tribunal Supremo la ley electoral proclamada por la Junta Militar que gobierna el país.
La formación de Suu Kyi considera ilegal el apartado de la ley electoral que obliga a una formación política a expulsar de sus filas a un miembro que cumpla una pena de cárcel.
Esa disposición afecta a los casi 2.200 birmanos encarcelados por motivos políticos, incluida Suu Kyi, quien cumple 18 meses de arresto domiciliario.
El régimen militar birmano ha aprobado una Constitución y una normativa que le garantizan la continuidad y evitan el revés de 1990, cuando perdió ante la LND, de Suu Kyi.
La ONU y numerosos gobiernos han pedido a Birmania que ponga en libertad a los presos políticos, que permita a Suu Kyi participar en los comicios, y que éstos sean libres y justos si quiere el reconocimiento internacional.
Birmania está gobernada por una dictadura militar desde 1962.
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