Gracias al apoyo de China y de Rusia, la junta militar de Birmania ha podido escapar de las duras críticas del Consejo de Seguridad, pero esa protección podría desmoronarse tras la divulgación de un informe de juristas internacionales que acusan al régimen de crímenes de guerra.
"Llamamos urgentemente al Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) a crear una comisión para investigar e informar delitos contra la humanidad y crímenes de guerra en Birmania", escribieron cinco juristas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Mongolia, Sudáfrica y Venezuela en la introducción del informe "Crímenes en Birmania".
"El mundo no puede esperar mientras el régimen militar continúa con sus atrocidades contra el pueblo", añadieron los expertos, entre los que se encuentran el sudafricano Richard Goldstone, el británico Geoffrey Nice y el venezolano Pedro Nikken. "Las conclusiones del trabajo son perturbadoras y convincentes", subrayaron.
El informe, divulgado a fines de mayo, acusa a la junta birmana de "niveles endémicos" de trabajo forzado, reclutamiento de decenas de miles de niños y niñas como soldados, propagada violencia sexual, asesinatos extrajudiciales y desplazamiento de más de un millón de personas.
La violencia de los militares birmanos contra los movimientos étnicos rebeldes en el este de esta nación del sudeste asiático ha dejado una estela de destrucción que tiene paralelos con la brutal guerra civil en Sudán.
El informe denunció "la destrucción, el desplazamiento o daño de más de 3.000 aldeas de nacionalidades étnicas en los últimos 12 años, muchas de las cuales fueron incendiadas". "Esto es comparable al número de aldeas que se estiman fueron destruidas o dañadas en (la occidental zona sudanesa de) Darfur", añadieron los juristas.
El trabajo se basó en información seleccionada de informes entregados a lo largo de los años por los enviados especiales de la ONU a ese país.
"Los mecanismos de la ONU han señalado propagados abusos en Birmania", dijo Tyler Giannini, coautor del informe, comisionado por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Leyes de la estadounidense Universidad de Harvard. "Hay un caso de ‘prima facie’ para que el Consejo de Seguridad cree una comisión que investigue los crímenes contra la humanidad en Birmania", sostuvo.
Las resoluciones de la Asamblea General de la ONU sobre Birmania reflejan esto. Una resolución de ése órgano condenaba en 2007 "la discriminación y las violaciones sufridas por personas que pertenecen a nacionalidades étnicas de Myanmar (nombre oficial dado por la junta militar a Birmania), los asesinatos extrajudiciales, las violaciones y otras formas de violencia sexual cometidas persistentemente por miembros de las fuerzas armadas".
Pero crear una comisión especial que investigue los crímenes no es algo fácil. "Es una tarea muy dura", afirmó Thaung Htun, representante de asuntos de la ONU en el Gobierno de Coalición Nacional de la Unión de Birmania, la administración birmana democráticamente electa en el exilio.
"El Consejo de Seguridad está muy dividido, con Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña de un lado y Rusia y China del otro", explicó Htun a IPS. "Rusia y China continúan diciendo que la situación en Birmania no es una amenaza para la paz y seguridad internacionales".
Ese argumento de los principales defensores de la junta birmana en el Consejo de Seguridad refleja las dificultades que se han presentado ante cualquier intento de resolución para hacer responsable al régimen de sus abusos. El primer gran avance se produjo en 2006, cuando la situación de Birmania fue incluida en la agenda del Consejo.
Esto fue seguido a fines de 2007 por una declaración del Consejo ante una dura represión de la junta contra una manifestación pacífica y pro-democrática liderada por miles de monjes budistas en septiembre de ese año.
A fines de mayo pasado, el Consejo divulgó un comunicado de prensa llamando a la liberación de más de 2.100 prisioneros políticos birmanos, incluyendo al ícono de la democracia Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, a quien el régimen mantiene en arresto domiciliario. El Consejo también expresó preocupación por el reciente juicio a Suu Kyi.
Pero el régimen apenas ha mostrado un cambio desde 1992, cuando comenzó a recibir críticas periódicas en las resoluciones de la Asamblea General. La junta militar respondió con indiferencia también a las condenas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra.
En los informes y resoluciones de la ONU en los últimos 16 años nunca hubo mención a la figura de "crímenes de guerra" cometidos por la dictadura birmana. Por eso, el informe de la Universidad de Harvard comisionado a cinco juristas internacionales marca un hito.
"
Se ha hablado algo dentro del movimiento democrático birmano sobre el tema de los crímenes de guerra, pero nunca se hizo un informe como el de Harvard", dijo
Khin Ohmar, secretaria de asuntos exteriores del
Foro para la Democracia en Birmania, red de exiliados políticos. "
Ésta es la primera vez que el caso es presentado formalmente".
"Pero no deberíamos dejar que ese paso eclipse la necesidad de diálogo y reconciliación en Birmania"; dijo en una entrevista. "Los veo como dos temas separados. Esto es todo sobre justicia. La búsqueda de justicia no puede ser socavada por el proceso político", añadió.
Otro factor también ayudó a poner en línea de tiro a la dictadura birmana: la creación en 2002 de la Corte Penal Internacional (CPI), contra crímenes de guerra y lesa humanidad, con sede en La Haya.
Actualmente, la CPI investiga casos en Uganda, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana y Darfur.
"El surgimiento de un nuevo orden internacional de justicia es un factor para presionar la investigación de crímenes contra la humanidad en Birmania", dijo David Scott Mathieson, consejero sobre la situación birmana en la organización Human Rights Watch. "Y la comunidad internacional ahora sabe más lo que está pasando" en ese país
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